QUE LES QUITEN YA LAS NARCOLANCHAS A LA IGLESIA

Juan José Omella, arriba, obispo de Barbastro, obispo de Calahorra, obispo auxiliar de Zaragoza (si a la Virgen del Pilar le sale un balón fuera, va él), arzobispo de Barcelona, cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, el manda más (y Más Allá) de la Iglesia católica en España y el que debería dar la cara ante el informe del Defensor del Pueblo sobre casi medio millón de víctimas de abusos de los empresarios que él dirige sobre españoles y que acaban de salir a la luz gracias a la investigación periodística que se ha venido realizando los últimos años. Eso, los que se han ofrecido a testificar y poner su nombre, que habrá un tanto por ciento que no y vete a saber cuántos más son. Niños en manos de los curas en España. Desde las humildes violaciones a los simpáticos sobeteos de cercanía por la autoridad y la fe. Ellos y ellas, más ellos. Casi medio millón de españoles traumatizados en un momento de sus vidas y ya para siempre. Así que la iglesia está incómoda, claro. Que es mentira, dice. Que no es para tanto, dice. Como si la "iglesia" hablara. Los que hablan son como el señor de arriba. Y se ponen de perfil, callan, se excusan, balbucean. Si tuviéramos una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado en este país podríamos defendernos de una organización religiosa (secta) criminal que no solo ataca a sus gentes más vulnerables sino que interfiere en política cuando ve peligrar sus intereses como negocio. Todos presos, si por mí fuera. Prisión preventiva por asociación de malhechores y la incautación de todos los bienes, como se hace con las planeadoras de los narcotraficantes. Iglesias, monasterios, conventos, colegios, residencias, parcelas y su puta madre. Ah, también radios y televisiones que difundan su mensaje delictivo. Y me estoy quedando corto.